Siguiendo a Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco y La Rioja, hoy es el turno de la comunidad autónoma de Castilla y León.
Castilla y León, según el Instituto Nacional de Estadística (2013), tiene algo más de 2’5 millones de habitantes, siendo, en cuanto a población, la sexta comunidad autónoma en población.
Como en todas las CCAA, es el Tribunal Superior de Justicia, con sede en Burgos, el que enjuicia los delitos cometidos por aforados.
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, Ley Orgánica 4/1983, carece de disposiciones en previsión de qué personas han de considerarse aforadas ante el TSJ (arts. 27-30), en el título dedicado a “De la organización judicial”. Sin embargo, el art. 12. 3 del Estatuto afora a los Parlamentarios y el art. 21 al poder Ejecutivo.
Acudiendo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 73. 3 b), quedan también aforados los Jueces, Magistrados y Fiscales por delitos o faltas. Recordamos que para el Tribunal Supremo, véase este post, las faltas de sus aforados las conoce el Juzgado de Instrucción correspondiente.
La Memoria de la Fiscalía Superior de Castilla y León, de la que forman parte 3 funcionarios, aporta datos que se pueden consultar aquí(hay dos enlaces, siendo más interesante el de arriba). Según esa estadística estos 3 fiscales se enfrentaron a lo largo de todo 2012 a 72 causas contra aforados, 8 apelaciones de jurados, 6 cuestiones de competencia penales (dos tribunales dentro de la misma C.A. que pelean por no ser los competentes por un asunto concreto) y 0 impugnaciones de justicia gratuita. Total: 86 procedimientos/3 fiscales: 28’6 asuntos penales por persona en un año.
Más allá de los datos puramente aritméticos no hay mención a si se llegó a juicio contra alguno de los 72 querellados o no (constan que del total de 118 causas incoadas, las 86 dichas además de recursos formalizados y archivos, quedaron 3 causas pendientes al acabar 2012). De las 72 causas contra aforados 69 son contra jueces o fiscales y 3 contra Parlamentarios/miembros del Ejecutivo.
De esto, siguiendo la citada memoria, se pueden colegir las siguientes matemáticas conclusiones:
1) La Fiscalía no promovió de oficio ninguna actuación.
2) Únicamente se ha denunciado o querellado, en 3 ocasiones a miembros del Parlamento o Ejecutivo autonómico.
3) Según la misma estadística oficial se han presentado 0 escritos de acusación en todo 2012 (recordamos que la media de escritos de acusación nacional por Fiscal de Audiencias Provinciales, de Área, etc., alcanza los 147 anuales por persona).
Acudimos al CENDOJ, base de datos oficial del CGPJ. 1) Pinchamos en “Jurisdicción” -> Penal, 2) En “Tipo de Órgano” -> Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, 3) Ya, por abajo, en “Texto a buscar” -> Burgos. Le damos a enter. De las 10 primeras páginas (100 sentencias de hoy hasta el 29-IX-2000), no hay ni una sentencia.
Refinando la búsqueda y poniendo en “Texto a buscar” las palabras Burgos, aforado (he probado con las variantes aforamiento y aforada), nos sale: ni una sentencia.
Salvo que al CENDOJ no se suban todas las sentencias, repetimos que es la base de datos oficial del CGPJ, tenemos que desde 2000, inclusive, no se ha dictado ni una sentencia contra aforado.
Las conclusiones sobre la necesidad de destinar a varios magistrados y 3 fiscales casi en exclusiva a esta materia (recordamos que los magistrados no tienen competencias en materia civil, pues Castilla y León tiene derecho foral propio), sobre si la ciudadanía se implica poco en la persecución de conductas delictivas o si, por el contrario, si la sensación de corrupción es mayor a la realidad, se las dejo a cada uno, pues esto es un simple análisis estadístico.
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